Por Kinller Moquete. El bochornoso hecho que involucró el fin de semana a una fiscalizadora Carol Daritsel Morla en la región este del país, abordada por una patrulla de la Policía Nacional y que devino en su arresto por conducir sin placa, obstrucción de la vía pública y alteración del orden público, tras múltiples intercambios poco respetuosos entre ambas autoridades y que luego se emita una orden de arresto en contra de los agentes y oficiales actuantes, al margen de las instrucciones y comisiones creadas para investigar los hechos, por parte de la Mag. Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República y del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Then, DEM, debe disparar todas las alertas, acerca de la falta de formación, disciplina y concepto del deber con la actúan algunos fiscales y policías en el país.
A eso se suma, la denuncia que hace hoy el Director Regional Suroeste de la Policía Nacional, con asiento en San Juan que acusa a los fiscales de la provincia de vender drogas.
Mientras, una asociación de fiscales se apandilla en contra de las autoridades policiales actuantes. ¿Ustedes se imaginan que los policías también se asociaran para defender sus derechos?
¿Dónde está la armonía y el respeto en torno al cumplimiento de la ley y a sus propias funciones que debe imperar entre estas dos instituciones?
Debe ponerse un ejemplo aquí, averiguar, por ejemplo:
- ¿Quién asignó ese vehículo a la fiscal sin placa?
- ¿Era cuerpo del delito?
- ¿Se asignó mediante una orden judicial?
- ¿Por qué la fiscal, dentro de su falta, no actuó con humildad y respeto hacia las autoridades policiales actuantes, que se encontraban de patrulla, precisamente para prevenir la comisión de hechos delictivos?
- ¿Están los fiscales por encima de la ley?
Además, ¿está la Policía Nacional actuando correctamente al arrestar a un ciudadano, cualquiera que sea su estatus social, por conducir sin placa? ¿La irreverencia ciudadana, da lugar al arresto?
La procuradora Germán Brito debería iniciar una depuración general del ministerio público y asegurar que las promociones se realicen en base a méritos, según la evaluación de resultados de desempeño.
Eventos como estos no deberían suceder más. Las autoridades deben trabajar apegadas al derecho, con respeto, gallardía y elegancia en su accionar.
En todo caso, se evidencia la necesidad del establecimiento de un protocolo dentro de la Policía Nacional para abordar estos casos con mayor profesionalidad. ¡Déjenos saber su opinión!
