HABLANDO CLARO. He visto con preocupación cómo Abogados que están investidos de autoridad para la persecución de hechos penales en la República Dominicana piden prisión preventiva, como medida de coerción, por estos haber actuado en el ejercicio de su profesión, para hacer valer o por protección de los derechos de sus clientes.
Los Fiscales, que antes de tener esa investidura, debe ser Abogados por obligación; y que, una vez se desprendan de su investidura, seguirán siendo Abogados, debe de analizar bien la petición de imponer una medida de coerción a Abogado.
Una vez, un amigo Fiscal en el cruce de Verón Punta Cana me dijo; “Los Fiscales somos los jueces de la querella”. Las denuncias deben ser investigadas y deslindar los actores en el hecho denunciado; contrario a la querella, quien se siente con un derecho vulnerado o este, por vía de un técnico (Abogado), por escrito, debe haber una indicación directa del nombre o los nombres de los que se les acusa esa violación de derechos y el derecho violado.
Es penoso que siendo Eloy Bello Pérez unos de los abogados más antiguos, de renombre, reputado y capacitado de la provincia La Altagracia; por complacencia, por complicidad o por someter y que el juez decida, que la fiscalía de La Altagracia lo presente ante un juez del Juzgado De La Instrucción para que se lo conozca una petición de medida de coerción y; peor aún, que un abogado, investido de fiscal, solicite la prisión preventiva.
En la provincia La Altagracia hay una Juez de Instrucción, encargada de la Oficina de Atención Permanente, nombre el cual no preciso, no deja que la justicia la tomen de relajo, como muchas veces a dicho in voces en mi presencia.
Al final pasó lo que debió pasar; Eloy Bello Pérez descargado por falta de méritos para imponer medidas de coerción y un Ministerio Público aun con ciertos desméritos en la provincia La Altagracia. Quien suscribe he tenido que escuchar muchas veces, en tribunales fuera de esta provincia; “a tu ejerces el derecho en tierra de nadie” frase que refleja el desmérito judicial de la provincia La Altagracia.